V Catálogo de Delitos
Vigente desde el 1 de julio de 2015, tras la promulgación de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
Derogado por la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional, vigente desde el 13 de marzo de 2019
En virtud de lo dispuesto en el art. 31 bis del Código Penal in initio («En los supuestos previstos en este Código […]») las personas jurídicas son penalmente responsables únicamente de aquellos delitos expresamente previstos en el Código. Para identificar tales delitos el legislador remite a la parte especial del Código, en la que en determinados tipos penales indica que generan responsabilidad penal a la persona jurídica. El conjunto de todos ellos es conocido habitualmente como «catálogo de delitos», si bien es preciso señalar que tal catálogo es una reconstrucción dogmática a partir de las disposiciones diseminadas del Código Penal (LO 10/1995) y en la ley penal especial de Represión del Contrabando (LO 12/1995).
Junto con ese catálogo de delitos que podían ser cometidos por las personas jurídicas era preciso componer un segundo catálogo de aquellos delitos en los que expresamente el Código Penal se remitía a las consecuencias accesorias del art. 129.
Tras la promulgación de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal y de la Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, por la que se modifica la ley de Represión del Contrabando, el catálogo de los delitos que generaban responsabilidad penal para las personas jurídicas en el derecho español era el siguiente:
1. Tráfico ilegal de órganos humanos.
2. Trata de seres humanos.
3. Prostitución, explotación sexual y corrupción de menores.
4. Descubrimiento y revelación de secretos y allanamiento informático.
5. Estafa (I): estafas comunes.
6. Estafa (II): estafas específicas.
7. Estafa (III): estafas impropias.
8. Frustración de la ejecución.
9. Insolvencias punibles.
10. Daños informáticos.
11. Relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (I): propiedad intelectual.
12. Relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (II): propiedad industrial.
13. Relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (III): revelación de secretos de empresa.
14. Relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (IV): contra los derechos de los consumidores.
15. Relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (V): contra el mercado.
16. Relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (VI): corrupción en los negocios.
17. Blanqueo de capitales.
18. Financiación ilegal de los partidos políticos.
19. Contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (I): fraude tributario.
20. Contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (II): contra la Seguridad Social.
21. Contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (III): fraude de subvenciones.
22. Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
23. Urbanización, construcción y edificación no autorizables.
24. Contra los recursos naturales y el medio ambiente.
25. Relativos a las radiaciones ionizantes.
26. Riesgos provocados por explosivos y otros agentes.
27. Contra la salud pública (I).
28. Contra la salud pública (II): tráfico de drogas.
29. Falsificación de moneda.
30. Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje.
31. Cohecho.
32. Tráfico de influencias.
33. Odio y enaltecimiento.
34. Financiación del terrorismo.
35. Contrabando.
Consecuencias accesorias, artículo 129 del CP
El régimen de consecuencias accesorias a la pena que correspondiese al autor del delito, se aplicaba al catálogo de delitos precedente cuando se cometiesen en el seno, con la colaboración, a través o por medio de empresas, organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que, por carecer de personalidad jurídica, no estuviesen comprendidas en el artículo 31 bis, añadiendo a los anteriores los delitos que siguen:
1. Manipulación genética.
2. Alteración de precios en concursos y subastas públicas.
3. Obstaculización de la actividad inspectora o supervisora.
4. Contra los derechos de los trabajadores.
5. Falsificación de moneda.
6. Asociación ilícita.
7. Organizaciones y grupos criminales.
8. Organizaciones y grupos terroristas.
9. Terrorismo.