I Catálogo de delitos
Vigente desde el 23 de diciembre de 2010, tras la promulgación de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
Derogado por la Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, vigente desde el 30 de enero de 2011
En virtud de lo dispuesto en el art. 31 bis del Código Penal in initio («En los supuestos previstos en este Código […]») las personas jurídicas son penalmente responsables de aquellos delitos expresamente previstos en el Código. Para identificar tales delitos el legislador remite a la parte especial del Código, en la que en determinados tipos penales indica que generan responsabilidad penal a la persona jurídica. El conjunto de todos ellos es conocido habitualmente como «catálogo de delitos», si bien es preciso señalar que tal catálogo es una reconstrucción dogmática a partir de las disposiciones diseminadas en el Código Penal (LO 10/1995).
Junto con ese catálogo de delitos que podían ser cometidos por las personas jurídicas era preciso componer un segundo catálogo de aquellos delitos en los que expresamente el Código Penal se remitía a las consecuencias accesorias del art. 129.
Tras la promulgación de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal, el catálogo de los delitos que generaban responsabilidad penal para las personas jurídicas en el derecho español era el siguiente:
1. Tráfico ilegal de órganos humanos.
2. Trata de seres humanos.
3. Prostitución y corrupción de menores.
4. Descubrimiento y revelación de secretos y allanamiento informático.
5. Estafa (I): estafas comunes.
6. Estafa (II): estafas específicas.
7. Estafa (III): estafas impropias.
8. Insolvencias punibles (I): alzamiento de bienes.
9. Insolvencias punibles (II): bancarrota.
10. Daños informáticos.
11. Relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (I): propiedad intelectual.
12. Relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (II): propiedad industrial.
13. Relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (III): revelación de secretos de empresa.
14. Relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (IV): contra los derechos de los consumidores.
15. Relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (V): contra el mercado.
16. Relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (VI): corrupción en los negocios.
17. Blanqueo de capitales.
18. Contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (I): fraude tributario.
19. Contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (II): contra la Seguridad Social.
20. Contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (III): fraude de subvenciones.
21. Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
22. Urbanización, construcción y edificación no autorizables.
23. Contra los recursos naturales y el medio ambiente (I).
24. Contra los recursos naturales y el medio ambiente (II): establecimiento de depósitos o vertederos.
25. Relativos a las radiaciones ionizantes.
26. Riesgos provocados por explosivos y otros agentes.
27. Contra la salud pública: tráfico de drogas.
28. Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje.
29. Cohecho.
30. Tráfico de influencias.
31. Corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
32. Organizaciones y grupos criminales.
33. Financiación del terrorismo.
Consecuencias accesorias, artículo 129 del CP:
El régimen de consecuencias accesorias a la pena que correspondiese al autor del delito, se aplicaba al catálogo de delitos precedente cuando se cometiesen en el seno, con la colaboración, a través o por medio de empresas, organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que, por carecer de personalidad jurídica, no estuviesen comprendidas en el artículo 31 bis, añadiendo a los anteriores los delitos que siguen:
1. Manipulación genética.
2. Alteración de precios en concursos y subastas públicas.
3. Obstaculización de la actividad inspectora o supervisora.
4. Contra los derechos de los trabajadores.
5. Contra la salud pública.
6. Falsificación de moneda.
7. Asociación ilícita.