Ocho mercantiles procesadas en el llamado «caso juguetes»

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El Ilmo. Sr. D. José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción 5, ha dictado auto de continuación por los trámites del procedimiento abreviado en el llamado «caso juguetes», en el que se recogen indicios contra 37 personas físicas y 8 personas jurídicas.

Se les imputan delitos de organización criminal, contra la Hacienda Pública, de falsificación de documento mercantil y de blanqueo de capitales. La cantidad eludida en impuestos entre 2011 y 2014 asciende a 49.545.078,30 euros.

Siempre con el carácter indiciario propio de este estado del procedimiento, el auto considera que el iter delictivo empezaba en el puerto de Valencia, aunque la red después se extendería a los de Algeciras y Rotterdam, en Países Bajos. Por mar llegaban los contenedores con productos de China que encargaban desde el polígono de Cobo Calleja, en la localidad madrileña de Fuenlabrada, unos mayoristas también ahora procesados. Lo que se declaraba es que la importación corría a cargo de unas empresas jugueteras de Almería que en realidad, carecían de actividad alguna. Los camiones, en vez de ir a Andalucía, llegaban a Madrid.

Los mayoristas pagaban con ese «cash» tanto a Seseña como a los testaferros, que recogían el dinero en mano en Cobo Calleja y lo ingresaban en cuentas de mercantiles pantalla en Portugal. Tras viajar por Países Bajos, el dinero acababa en Aduanas Señalar como si fuese en pago por mercancías importadas.

Después, ya no sólo eran testaferros en Almería ni pagos de IVA en Valencia. Se imputa a Seseña la creación de empresas en Portugal, Holanda, Italia, Polonia, Alemania y Hungría, no sólo para introducir mercancía en España, sino en general, en territorio comunitario.

Así, para eludir el IVA y ante la «presión de los frecuentes controles» sobre los envíos, la red comenzó a servirse de falsos importadores en Portugal y Países Bajos. Finalmente, en 2012, Seseña empezó a usar una sociedad holandesa para hacer los despachos de importación allí, pero los contenedores siempre acababan en Cobo Calleja, donde cobraba en efectivo la mercancía y sus servicios. Lo justificaba con facturas falsas a sociedades instrumentales.

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