El pasado 7 de octubre el Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobó la nueva Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo relativa a la protección de las personas que informan sobre infracciones del Derecho de la Unión, en los siguientes ámbitos específicos: contratación pública, mercados financieros, prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, seguridad de los productos, seguridad del transporte, protección del medio ambiente y frente a radiaciones, seguridad nuclear, bienestar y sanidad animal, seguridad alimentaria, salud pública, protección de datos de carácter personal y seguridad de los sistemas de información.
Los denunciantes o «whistleblowers» desempeñan, según el considerando del propio texto normativo, un papel clave a la hora de descubrir y prevenir tales infracciones y de proteger el bienestar de la sociedad. Por ello, se considera necesario potenciar la aplicación del Derecho introduciendo canales de denuncia efectivos, confidenciales y seguros, y garantizando la protección efectiva de los denunciantes frente a posibles represalias.
La protección de los denunciantes en la Unión se encuentra actualmente fragmentada en los diferentes Estados miembros y es desigual en los distintos ámbitos que se tratan de proteger, de ahí la necesidad de aplicar normas mínimas comunes que garanticen su efectiva protección.
La presente Directiva consta de siete capítulos en los cuales se regula, entre otros, el ámbito de aplicación de la norma, las condiciones de protección, las denuncias internas y externas, la revelación pública y las medidas de protección.
[Texto de la Propuesta de Directiva:
meta-feed
