La coalición Izquierda Unida ha solicitado la imputación del Partido Popular como persona jurídica en el seno del conocido como «caso Púnica», instruido en el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.
Según el escrito presentado, la imputación del PP «estaría justificada», toda vez que este partido tomó «decisiones para generar un entramado de pagos ajenos al control del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, y por ende del conjunto de la sociedad», ya que «no solo no tomó ninguna medida para prevenir o erradicar este tipo de prácticas irregulares y delictivas, sino que desde el seno de la propia dirección del PP en Madrid se impulsó la adopción de estrategias y mecanismos de elusión del control público, que derivaban en la comisión de una multiplicidad de hechos delictivos por una pluralidad de personas físicas y jurídicas».
IU cree que «resulta más que evidente que los elementos configuradores de la responsabilidad penal del PP en los delitos de cohecho, estafa, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública, así como la perpetración de diversos delitos electorales, vienen más que determinados de conformidad con la doctrina relativa a los mismos».
De la investigación policial y judicial, añade IU, se desprende que el PP resultó «beneficiario directo»de las actividades de la trama Púnica y ello no sólo a través de Indra, sino también de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM), empresa pública dependiente del Gobierno madrileño.
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